Leído el informe de la CNMV sobre la opa de BBVA sobre el Sabadell, publicado la semana pasada, me reafirmo en que: la decisión definitiva debe dejarse en manos de los accionistas del banco de Sabadell en el mercado. 416v68

Cada uno de ellos, en función de sus intereses patrimoniales, económicos o, incluso, sentimentales, debe decidir si le interesa o no canjear sus acciones. Son los propietarios del banco.

Algo que, desde que se inventaron las sociedades anónimas, han sido la base del capitalismo de mercado y la libertad económica.

Son estos accionistas los que deben decidir. Por encima de los Consejos de istración. Porque la “teoría de la Agencia”, por la que el profesor Coase recibió el Nobel, confirma que los agentes (consejeros) tienen sus propios intereses que no siempre coinciden con los de los principales (accionistas). Como, por ejemplo, seguir siendo del Consejo de istración y sus cargos.

Los accionistas pueden oír e interesarse por los argumentos de ambos consejos, el del BBVA y el del Sabadell, para crear criterio. Pero son sus propios intereses los que deben dirigir sus decisiones.

El mercado bancario español tiene suficientes jugadores para que no haya ni monopolio, ni oligopolio, que incidiera en las condiciones de los clientes de pasivo, ni aunque se produjera la opa

Un banco no es una empresa privada cualquiera. Tiene una función como intermediario en el discurrir del dinero, la sangre del torrente circulatorio monetario. Por eso los poderes públicos condicionan su actividad.

Por ejemplo, exigiendo que sus balances reflejen sus riesgos y las provisiones creadas para atenderlos si se presentan. De ahí los llamados “Test de Solvencia” o las provisiones de morosidad o insolvencia para defender los derechos de los clientes de pasivo.

Otras condiciones podrían deberse a los derechos de los clientes de activo. Si el monopolio u oligopolio es excesivo, la financiación de particulares y empresas podría verse en peligro o ser excesivamente cara.

En el caso de la opa, los derechos de los clientes de pasivo, que depositan sus fondos en el banco, se verían reforzados al ser un banco mayor. El Gobierno no tiene ningún argumento para impedir la opa por ese motivo.

El mercado bancario español tiene suficientes jugadores para que no haya ni monopolio, ni oligopolio, que incidiera en las condiciones de los clientes de pasivo, ni aunque se produjera la opa.

El Gobierno, si hace caso a la CNMC, que coinciden con las entidades europeas, no puede alegar intereses generales para impedir la opa

El otro argumento sustancial del informe se dedica a rebatir los argumentos esenciales por los que el Consejo de istración del Banco de Sabadell se opone a la opa. El posible daño al crédito a las pymes allí donde el Sabadell opera.

En ese aspecto, la CNMC rechaza que la opa vaya a suponer una reducción de la competencia y el riesgo de un oligopolio en determinadas zonas geográficas para el crédito a las pymes. La CNMV indica en la página 524 del informe que “… el segmento de las pymes es relevante para el banco de Sabadell, pero no que este banco sea relevante e indispensable para … el mercado de crédito a pymes”.

En su página 539, el mismo informe dice: “… no se puede considerar que la entidad adquirida (debería decir a adquirir) sea un operador fundamental e insustituible en estos mercados regionales, ni puede aceptarse que los operadores medianos y pequeños supongan una presión competitiva limitada…”.

Es decir, según la CNMC, con la opa ni se vulneran derechos fundamentales de los clientes de pasivo, ni de los de las pymes (las grandes empresas se defienden solas).

Por tanto, el Gobierno, si hace caso a la CNMC, que coinciden con las entidades europeas, no puede alegar intereses generales para impedir la opa. Debería dejar a los accionistas su capacidad de decidir, defendiéndolos incluso de los intereses de ambos Consejos de istración.

Dicho esto, no soy ni partidario, ni contrario a la opa. No tengo inversiones significativas en ninguno de los dos bancos y creo que cada accionista es un mundo; él decidirá.

Pero estimo que los gobiernos no deben inmiscuirse en todos y cada uno de los procesos económicos. Eso es o fascismo, o populismo, o comunismo económico; sistemas que atacan a la libertad, que empieza por la libertad económica y que, como dijo D. Quijote, es “uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos”.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.