La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. David Zorrakino / Europa Press 25n6t

Empleo Hoy

El FMI, contra los planes de Díaz: advierte que reducir la jornada y encarecer el despido dañará a los más vulnerables 58316k

El Fondo considera que con estas medidas no se abordan los auténticos problemas del mercado laboral español: el paro estructural y la dualidad. 585hr

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La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial es una de los principales objetivos políticos de Yolanda Díaz para esta legislatura. La medida, que cuenta con la luz verde del Consejo de Ministros, se está tramitando en el Congreso de los Diputados, con muchos interrogantes sobre los apoyos que puede concitar.

Sin embargo, si sale adelante, podría tener efectos perjudiciales para los trabajadores con menos ingresos.

Así lo indica el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre España, que publicó por completo este viernes.

El ente alerta de que "experiencias previas en otros países con reducciones de la jornada laboral apuntan a un efecto ambiguo sobre el desempleo e impactos adversos en la productividad y el crecimiento salarial posterior a la reforma".

Además, indica que la reducción de jornada combinada con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ya ejecutada este año (del 4,4%) llevaría a un aumento real de los sueldos más bajos por encima del 10 % en 2025.

Y situaría su aumento acumulado desde 2018 (cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa) en el 70%. Esto genera "preocupación" en el FMI "por los posibles impactos adversos en los grupos desfavorecidos".

De hecho, el ente presidido por Kristalina Georgieva considera que "la reforma debería preservar el importante papel de la negociación colectiva para acomodar la heterogeneidad intersectorial, incluyendo la distribución del total de horas a lo largo del año y la fijación del nivel y la remuneración de las horas extras".

Esta postura es muy similar a la defendida por la patronal CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, considera que la reducción de jornada laboral no debe ser impuesta de forma legislativa sino que debe ser negociada en el marco de la negociación colectiva.

En cualquier caso, la reducción de jornada no es la única medida respecto a la que el FMI tiene importantes reservas.

Otro de los objetivos del Gobierno, en particular del departamento de la vicepresidenta segunda Díaz, es elevar la indemnización por despido improcedente.

Se trata de una meta que la ministra de Trabajo tiene en el cajón desde que llegó al Gobierno, en 2020. Pero la pandemia y las sucesivas crisis que ha venido atravesando el país han hecho que, esta medida, se vaya demorando.

Sin embargo, el Comité Europeo de Derechos Sociales declaró en 2024 irregular e insuficiente el sistema español de indemnización por despido improcedente.

Desde el Ejecutivo aseguraron que esta situación se solventaría, con mayores compensaciones en este tipo de despido según las circunstancias individuales. Sin embargo, esto entraña importantes riesgos para los hogares vulnerables.

"Esta reforma de la legislación de protección del empleo podría disuadir a las empresas de contratar a grupos de trabajadores desfavorecidos", avisa el FMI.

"Para desincentivar los despidos excesivos, una mejor alternativa al aumento de los costes de despido sería introducir cotizaciones más altas por desempleo para los empleadores con mayor rotación de personal", sugiere el órgano internacional. Es decir, una suerte de castigo para las empresas que abusen de los despidos improcedentes.

De hecho, el FMI lamenta que ni el encarecimiento del despido ni la reducción de jornada son medidas encaminadas a paliar los que, a su juicio, son los mayores problemas del mercado laboral español: el alto nivel desempleo estructural (pese a la elevada tasa de vacantes en las empresas) y la dualidad del mercado laboral.

El Fondo ite la reducción de la temporalidad, pero también que "es probable que ya se hayan cosechado todos los beneficios" de la reforma laboral aprobada en la legislatura pasada.

Además, reclama mejores datos sobre los polémicos contratos fijos discontinuos, que se han hecho muy frecuentes tras el cambio normativo (concretamente, la duración de la actividad y del paro de los trabajadores y la frecuencia de reincorporación).

Para abordar el problema del paro estructural recomienda medidas que incentiven que los parados de largo plazo vuelvan a la actividad.

Pone como ejemplo el incentivo de empleo que ahora incluye el subsidio del paro tras su reforma, de manera que en algunos casos se puede compatibilizar el empleo y una prestación. El FMI propone profundizar en esta vía.