Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, con el fiscal general Álvaro García Ortiz, el pasado septiembre. Moncloa 4u2311
El PP acusa a Sánchez ante la Comisión Europea de "vulnerar el Estado de derecho" por usar al fiscal como "arma política" 2g32s
Una carta de Dolors Montserrat urge al Ejecutivo comunitario a que incluya la injerencia política del Gobierno en el Ministerio Fiscal en su próximo Informe sobre el Estado de derecho en España. 5s63i
Más información: El Gobierno sobre el instructor del Supremo: "Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender". z5e22
El Partido Popular ha presentado ante la Comisión Europea una denuncia por escrito contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien acusa de utilizar al Ministerio Fiscal como "arma política" para vulnerar el Estado de derecho.
La vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha enviado una carta en la que urge a la Comisión a pronunciarse sobre el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el auto judicial del Tribunal Supremo que, este lunes, consideraba confirmados los indicios de presunto delito de revelación de secretos.
La misiva, enviada este mismo martes, recoge textualmente la argumentación del auto judicial, que afirma que la instrucción permite presumir que "de Presidencia del Gobierno, se recibieron instrucciones para hacer un uso político de la información de que pudieran disponer [...] con la finalidad de ganar el relato".
Montserrat subraya que "este caso revela una corrupción institucional sin precedentes: el uso del poder del Estado para destruir a rivales políticos utilizando a la Fiscalía". Según la eurodiputada, "es la prueba más grave hasta la fecha de la colonización institucional por parte del Gobierno. No hablamos de errores, es una operación política que ha quedado al descubierto".
Informe en julio 22636
La dirigente popular advierte de que la permanencia del fiscal general, pese a la gravedad de los hechos y la posibilidad de penas de prisión e inhabilitación, "podría vulnerar el principio de independencia judicial" y, sobre todo, compromete la percepción de independencia del Ministerio Fiscal.
Este punto es clave en la argumentación del PP, que lleva años señalando a Sánchez ante Bruselas como responsable de un "retroceso democrático". La falta de independencia de la Fiscalía ha sido motivo de los reiterados suspensos de España en las sucesivas ediciones del Informe sobre el Estado de derecho, y el de este año está a menos de un mes de su publicación.
La carta del PP recuerda la obligación de independencia del poder judicial y del Ministerio Fiscal, tal y como recoge el Tratado de la Unión Europea. "La Comisión Europea no puede mirar hacia otro lado cuando en un país miembro el Gobierno utiliza al Ministerio Fiscal como arma política", advierte Montserrat.
En su carta, la política del PP reclama una respuesta por escrito a más preguntas: "¿Preocupa a la Comisión un uso del Ministerio Fiscal en una operación de Estado destinada a destruir a un adversario en contradicción con las recomendaciones del Mecanismo de Estado de derecho que exigen autonomía y neutralidad?".
La misiva también cuestiona si la Comisión "tiene previsto solicitar información adicional" al Gobierno español o incluir los últimos desarrollos en su "próximo informe sobre el Estado de derecho en España".
La denuncia del PP se alimenta de la sucesión de polémicas y casos de corrupción que implican al Ejecutivo de Sánchez, sus ataques a los jueces, fiscales y periodistas que los investigan, y trata de calentar la inminente publicación del citado informe. Según el PP, el capítulo español ha sido un "quebradero de cabeza" para Moncloa en los últimos años, y ahora reclama que se incluya el caso del fiscal general imputado.
La "misión" de la Comisión 5w5m4a
El caso de Álvaro García Ortiz ha sido objeto de amplia cobertura mediática y debate político, especialmente tras la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado de abrir procedimiento abreviado por presunto delito de revelación de secretos.
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La carta de Montserrat insiste en que la permanencia del fiscal general, pese a su imputación, "dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa".
Advierte de que "ningún cargo otorga inmunidad absoluta en casos de delitos dolosos". El PP recuerda que "la misión" de la Comisión es la de "guardiana de los Tratados" y, por tanto, Montserrat remarca que es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de derecho.
El PP considera que la situación es especialmente grave porque el fiscal general procesado "mantiene el apoyo explícito del Gobierno", pese a la posibilidad de penas de prisión e inhabilitación.
La dirigente popular subraya que "la desviación de poder para beneficiar a dirigentes políticos es constitutiva de prevaricación e incluso de cohecho si se demuestra que hubo contraprestaciones".
La misiva también recuerda que la Comisión Europea ya ha sido informada previamente sobre la situación y que "los ataques del Gobierno a los jueces dañan la democracia" y que "un poder judicial independiente es esencial para asegurar que quienes cometan actos de corrupción sean llevados ante la Justicia, sin importar lo influyentes que puedan ser".
