El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, en primer plano. Y al fondo, Enrique Arnaldo. Europa Press 3dy1f
Jueces del TC advierten a Conde-Pumpido: la amnistía no será aplicable hasta que no resuelva el Tribunal de la UE 4j2ax
Los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo piden que se suspenda el debate del recurso interpuesto por el PP hasta que el TJUE se pronuncie sobre las cuatro cuestiones prejudiciales ya planteadas. 1m3752
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Los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo han pedido hoy al presidente, Cándido Conde-Pumpido, que paralice la deliberación y fallo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra la ley de amnistía -el primero en el orden de debate previsto- para analizar antes la conveniencia de plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial. Así lo han hecho ya el Tribunal de Cuentas y otros tres tribunales de la jurisdicción ordinaria.
En un escrito conocido por EL ESPAÑOL, los magistrados indican que, si el TC no plantea su propia cuestión al TJUE, debe suspender la resolución del recurso del PP "mientras no se proceda por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dictar sentencia sobre las cuestiones prejudiciales planteadas", dada la "homogeneidad existente entre las dudas planteadas al TJUE y las que son objeto de la pretensión de declaración de inconstitucionalidad" por parte del PP y de los demás recurrentes.
Los magistrados advierten, además, de que un eventual fallo del TC avalando la constitucionalidad de la amnistía a los responsables del 'procés' catalán "no podría aplicarse con carácter inmediato" y ello porque "la aplicabilidad de la norma nacional, aun constitucional, está condicionada a que el Tribunal de Justicia de la UE, al responder a las cuestiones prejudiciales pendientes, declare que [la ley de amnistía] respeta el Derecho de la Unión".
El escrito analiza las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un Juzgado de lo Penal de Vilanova i La Geltrú. Constata que las cuestiones sobre las que plantean dudas de compatibilidad con el Derecho europeo, entre ellas la malversación de fondos públicos utilizados por los responsables del 'procés', coinciden con las que debe resolver el TC desde el punto de vista de su constitucionalidad.
"Esa confluencia entre las cuestiones planteadas, unida al hecho de que esté también en cuestión uno de los valores que definen la esencia de la UE como es el Estado de Derecho y los principios que de él derivan, exige una cooperación sincera y legal con el TJUE", sostienen Tolosa, Espejel y Arnaldo, que abogan por que el TC presente su propia cuestión prejudicial.
A su juicio, eso sería lo deseable porque "es la única oportunidad que puede tener el Tribunal Constitucional de explicar las exigencias que se deriva de la Constitución Española y su proyección sobre la ley de amnistía".
Pero, "en caso de no dirigirnos al TJUE", indican, la decisión "más prudente" es esperar la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión a las cuestiones prejudiciales ya existentes.
"De lo contrario", explican, "si el TC declara la constitucionalidad de la ley de amnistía sin plantear una cuestión prejudicial y sin esperar a la respuesta del TJUE se daría la paradoja de que la norma, aun declarada constitucional, no podría aplicarse con carácter inmediato, ni tampoco podría serlo, por lo tanto, la sentencia del TC".
Eso sería así porque la aplicabilidad de la amnistía, incluso habiendo sido declarada constitucional, está condicionada a que el TJUE "declare que respeta el Derecho de la Unión".
Adelantándose a un escenario posible, ya que el Tribunal Supremo no ha descartado acudir al TJUE, el escrito dirigido a Conde-Pumpido señala que "aun cuando el TC declare la conformidad con la Constitución Española de la ley de la amnistía, tras la sentencia que dicte el TC los órganos judiciales siguen estando facultados para plantear el TJUE las dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión que les asistan".
Más aún, los magistrados consideran que la "obligación de espera" no solo afecta a los órganos que ya se han dirigido al TJUE sino que "es extensible" al resto de procedimientos pendientes de la amnistía porque solo así "podrá garantizarse la plena eficacia" del pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo.
El planteamiento de estos tres magistrados supone un revés para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros ex del Gobierno catalán. El primero está pendiente del fallo del TC para poner fin a su fuga de España, que dura ya más de siete años, mientras que el segundo espera el levantamiento de la inhabilitación que aún está cumplimiento tras ser condenado por malversación.
