Ismael, experto en prevención de ahogamientos, advierte a las piscinas de Madrid: "El 80% de las muertes son sin socorristas" 60k1c

En plena temporada estival, la Comunidad de Madrid enfrenta una preocupante situación: más de 300 piscinas podrían permanecer cerradas debido a la escasez de socorristas.

Esta problemática pone en riesgo el seguro a zonas de baño reguladas, justo cuando las altas temperaturas incrementan la afluencia a estos espacios.

Ismael Sanz, profesor de la Universidad Autónoma y experto en prevención de ahogamientos, ha alertado en el programa Buenos días de Telemadrid sobre las consecuencias de esta carencia.

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“La inmensa mayoría, alrededor del 80% de la gente que muere en España por ahogamiento, que son entre 400 y 500 personas todos los años, lo hacen en espacios acuáticos no vigilados”, señala.

Según el experto, muchos ciudadanos optan por bañarse en lugares sin supervisión, como embalses o ríos, ignorando el riesgo que esto supone: “La gente se baña con independencia de que haya o no socorristas. La gente debería bañarse solo donde hay socorristas”.

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La falta de personal especializado no se debe a una carencia de formación, sino a un problema más profundo: las condiciones laborales.

“La falta de socorristas se debe a la precariedad laboral que hay en este sector. Se olvida que es un puesto de trabajo con una enorme responsabilidad y no todo el mundo está preparado”, asegura Sanz.

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Para poder ejercer como socorrista, los aspirantes deben superar exigentes cursos de 80 horas teórico-prácticas, en los que se evalúan tanto las habilidades físicas como los conocimientos técnicos.

“Hay pruebas y talleres de soporte vital básico, regulación cardiopulmonar", explica. El profesor de la Universidad Autónoma recuerda que "los socorristas tienen que acreditar una formación reconocida”.

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Además, las pruebas de varían en función del entorno donde se trabajará: "Hay diferencias en los criterios de evaluación de los cursos entre la playa, embalses en el medio natural o en piscinas”.

La situación obliga a muchas instalaciones municipales y privadas a replantearse su apertura, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad. Desde el sector, se reclama una mejora de las condiciones laborales para atraer a más profesionales cualificados.